Todo empezó con la venta de un terreno por valor de 30 millones de dírhams situado en una zona industrial, perteneciente a una sociedad financiera. Entra en contacto con varias personas que podrían estar interesadas en esta compra, entre ellas un empresario. Este último encargó a un notario que finalizara la transacción. El notario recibió varios documentos relacionados con esta propiedad, así como un documento que enumera los nombres de las personas autorizadas para representar a los accionistas en esta transacción, informa Al-Akhbar. Pero la promesa de venta concertada con el comprador potencial quedó anulada de pleno derecho.
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El agente inmobiliario contacta con otro empresario, quien le ha manifestado su intención de comprar la propiedad. Presentó una oferta económica al propietario de este terreno. Oferta aceptada. Entonces se celebrará un contrato de compraventa entre las dos partes. Suficiente para provocar el enfado del primer empresario. Este último interpuso entonces una acción judicial, afirmando que estaba en su derecho de concluir la compra de este inmueble, basándose en un documento que, según él, era una escritura de compraventa, redactada por el notario implicado. El único problema: el documento no fue firmado por los representantes de la financiera propietaria de esta propiedad. Por tanto, la venta se concluyó sin su presencia. Sin embargo, las disposiciones reglamentarias vigentes establecen que los notarios sólo firman una escritura de compraventa después de que las partes contratantes hayan puesto su firma.
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A raíz de ello, la financiera propietaria del inmueble y el primer empresario presentaron una denuncia contra el notario. El Fiscal General del Rey en el Tribunal de Apelaciones de Kenitra remitió el expediente al Ministerio de Justicia para que el notario pudiera ser presentado ante el comité disciplinario. Abdellatif Ouahbi, Ministro de Justicia, a su vez presentó una denuncia contra la acusada para que pudiera ser objeto de procesamiento penal.
