El primer ministro español, Pedro Sánchez, anunció la medida a principios de esta semana, diciendo que tiene como objetivo abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda y los altos costos de alquiler en la Unión Europea (UE). El objetivo general es proporcionar «más viviendas, mejores regulaciones y más ayudas», dijo Sánchez, quien no dio detalles sobre cuándo entraría en vigor la medida.
El plan propuesto incluye impuestos más altos sobre los alquileres vacacionales, incentivos fiscales y protecciones para los propietarios que ofrecen viviendas asequibles, y cambios en las leyes para acelerar los procesos de construcción y aumentar la disponibilidad de terrenos para la construcción privada. Joan Carlos Amaro, analista inmobiliario y profesor de economía en Esade Business School de Barcelona, tiene reservas sobre la eficacia de esta medida.
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Según la Constitución española, “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Pero debido al exceso de turismo (88,5 millones de visitantes a España en 2024), los alquileres de apartamentos en ciudades como Barcelona y Madrid se han vuelto exorbitantes, dificultando el acceso a la vivienda para los jóvenes. Asimismo, los precios de las propiedades han aumentado significativamente, especialmente en las ciudades y zonas costeras.
El año pasado, España anunció la abolición de la «visa dorada», que permite a personas ricas de países fuera de la Unión Europea obtener permisos de residencia invirtiendo más de medio millón de euros en bienes raíces.
