Todo empezó a partir de denuncias presentadas por pequeños inversores inmobiliarios ante Mohamed Mhidia, wali de la región de Casablanca-Settat. En sus denuncias acusan a los funcionarios electos de las provincias de Berrchid, Mediouna y Nouacer de especulación inmobiliaria ilegal. Trabajaron juntos para apropiarse de tierras en subdivisiones que a veces superaban las 120 hectáreas.
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Las autoridades abrieron entonces una investigación en profundidad para examinar las operaciones de urbanización en curso en un municipio de Berrchid. Las investigaciones revelan que un intermediario, apoyado por el presidente de este municipio actualmente en proceso de revocación ante el Tribunal de Casación, habría adquirido más de 38 terrenos en zonas estratégicas, privando a los promotores inmobiliarios de oportunidades esenciales.
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Otra observación: mientras una directiva del Ministro del Interior ordena la suspensión de la expedición de permisos de construcción a cambio del pago de las deudas municipales, algunos cargos electos siguen eludiendo estas restricciones, facilitando así la adquisición de terrenos. La combinación de permisos y procesos de cobro de deudas no sólo es ilegal, sino también inaceptable, reiteró Abdelouafi Laftit.
