Una nota administrativa, dirigida a los presidentes de los distritos, ordena congelar las autorizaciones para custodiar automóviles, motocicletas y otros vehículos en la vía pública.
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Esta decisión radical es parte de un movimiento más amplio para luchar contra la ocupación ilegal del espacio público. Otras ciudades del Reino, como Tánger, ya han tomado medidas similares para frenar este fenómeno. Las autoridades denuncian “comportamientos ilegales” y “prácticas nocivas” por parte de estos autoproclamados guardianes, que imponen sus servicios a los automovilistas a cambio de unos dirhams.
Como recordatorio, exigir un pago para aparcar en la vía pública es un delito punible. Esto es fraude, usurpación de cargos e intento de extorsión, simplemente.
