En Marruecos, los influencers están en el punto de mira de las autoridades fiscales. «Actualmente, los inspectores fiscales siguen a los profesionales del fraude fiscal en las redes sociales», informa el diario asaba. Según las fuentes, “este seguimiento tiene como objetivo verificar la proporcionalidad entre los ingresos declarados por los particulares y sus activos en efectivo”. Se ha constatado, en efecto, que algunos de los sujetos pasivos declaran ingresos que no superan los 8.000 dirhams mensuales, aunque poseen bienes inmuebles cuyo valor se estima en decenas de millones de dirhams.
Para evaluar su nivel de vida, la administración tributaria accede a las páginas de determinados sujetos pasivos en las redes sociales. Estas páginas representan un punto de partida para los auditores fiscales porque ven publicaciones sobre detalles de la vida de los influencers. También están en la mira de las autoridades tributarias los sitios sujetos al régimen de declaración, aquellos que tienen diversas fuentes de ingresos y optan por no declararlas. La cosecha está siendo fructífera: la DGI ya pudo identificar a personas cuyo nivel de vida declarado es muy superior a sus ingresos declarados y les envió una notificación invitándolas a regularizar su situación fiscal. En su defecto, estarán sujetos a un ajuste fiscal.
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Además de los influencers, esta operación de control también se dirige a las profesiones liberales. Observación formulada: un cierto número de ellos declara unos ingresos sensiblemente inferiores al volumen de negocios que genera habitualmente su actividad. La administración tributaria cuenta con fuentes de información para profundizar la investigación e identificar algunas de las propiedades de los grupos focalizados en las redes sociales.
Para llevar a cabo esta lucha contra el fraude fiscal, la DGI ha celebrado convenios con otros servicios, como la Agencia Nacional de Conservación de Tierras, que le permiten tener una idea del patrimonio de las personas sospechosas de fraude fiscal. También se fundamenta en el artículo 216 del Código General Tributario. Se autoriza a la administración a evaluar el ingreso total anual de una persona física, teniendo en cuenta sus activos en efectivo depositados en sus cuentas bancarias, o en las cuentas de cualquier persona a la que esté vinculado. Sin olvidar sus gastos.
