El número de muertos por las históricas inundaciones que azotaron el sureste de España esta semana se agravó aún más el viernes, pasando de 158 a 205 fallecidos, según un nuevo informe provisional de los servicios de emergencia.
«En la actualidad, y de forma provisional, el número de víctimas es de 202 personas» sólo en la Comunidad Valenciana, indican en un comunicado los servicios de emergencia de esta región, con diferencia la más devastada por la tragedia.
Otras dos muertes se produjeron en la vecina región de Castilla-La Mancha y una en Andalucía, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas.
Las operaciones de búsqueda de víctimas continúan para localizar a posibles supervivientes, mientras que los servicios de emergencia siguen trabajando para despejar las zonas del desastre y prestar asistencia a las personas aisladas en pequeñas aldeas.
El viernes por la mañana se desplegaron refuerzos militares para hacer frente a la dramática situación provocada por estas mortíferas inundaciones, las peores jamás registradas en varias décadas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró el viernes que el Gobierno enviará tantos refuerzos como sea necesario y que permanecerán el tiempo que sea necesario. “Enviaremos 120.000 militares si es necesario”, dijo en una entrevista en TVE.
El ejército centra sus esfuerzos en reabrir las carreteras para facilitar la entrega de ayuda, en particular alimentos, y participar activamente en la búsqueda de personas desaparecidas, cuyo número exacto aún se desconoce pero se espera que sea muy elevado.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este sábado el despliegue de 500 efectivos adicionales del ejército en la provincia de Valencia para hacer frente a las consecuencias del temporal.
En declaraciones a la prensa, tras una reunión en el Centro Integrado de Coordinación Operativa (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, Marlaska destacó la necesidad de restringir la movilidad de las personas para no obstaculizar las operaciones de socorro.
El gobierno central admitió que había “docenas y docenas” de personas desaparecidas, lo que sugiere un costo humano potencialmente mayor.
