Varios cientos de personas cuyos ingresos y gastos presentan discrepancias recibieron notificaciones de la administración tributaria en septiembre. “El lanzamiento de esta primera salva de control tributario de las personas físicas por parte de la Dirección General de Impuestos (DGI) debe haber sacudido a más de uno. Se trata de examinar toda la situación tributaria de las personas físicas que presentan inconsistencias entre ingresos y gastos, de conformidad con el artículo 216 del Código General Tributario”, escribe El economista que anuncia una segunda ola para finales de año.
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La operación tiene como objetivo permitir a los contribuyentes que se benefician de la amnistía sobre los activos en efectivo no declarados antes de 2024 por no declarar la totalidad de sus ingresos, regularizar su situación fiscal. Según el diario, «se trata también de los contribuyentes que no tienen un identificador fiscal, pero cuya DGI, gracias a sus propios recursos, ha rastreado los flujos financieros y que deben explicar su origen y el hecho de que no han sido declarados ni gravados. A poco más de dos meses de la fecha límite del 31 de diciembre, la administración tributaria está abierta a las personas que deseen regularizar su situación”.
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La administración tributaria realizará una verificación del origen de las rentas que no hubieran sido declaradas. Todos los activos se ven afectados, incluidos los contratos de seguros de vida. El contribuyente está obligado a presentar comprobante de pago del impuesto o contribución final. En caso contrario, incurrirá en un recargo.