En este contexto, Al Khattar explicó que la huelga es fruto de varios motivos, entre los que destaca el rechazo de las propuestas de modificación de las leyes reguladoras relacionadas con la abogacía, además de otras reivindicaciones profesionales relacionadas con la mejora de las condiciones laborales y la defensa de la dignidad. de abogados. También destacó que los abogados no sólo buscan defender sus propios intereses a través de sus protestas, sino que ven que estas enmiendas representan un grave retroceso en derechos humanos que afecta el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia.
Al-Khattar señaló que los abogados organizaron una protesta ante el Tribunal de Apelación de Casablanca, como parte de un programa de escalada que incluye sesiones de boicot y sentadas repetidas, lo que refleja el alcance de su descontento con el hecho de que el Ministerio de Guardianes ignorara sus demandas y no abriendo la puerta al diálogo. Señaló que la huelga podría continuar hasta la próxima reunión de la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos, donde se evaluará el alcance de la respuesta del ministerio a sus demandas y se determinarán los próximos pasos.
En cuanto a las demandas centrales, Al-Khattar reveló que los puntos más controvertidos del proyecto de ley incluyen otorgar al “agente judicial” poderes que se cruzan con los poderes del abogado, lo que los abogados consideran una grave disminución de sus derechos profesionales. También expresó su preocupación por la cuestión de la restricción del derecho de apelación y de veto, ya que el nuevo proyecto estipula que no está permitido apelar en casos de menos de 30.000 dírhams, y que no está permitido vetar los casos que son menos de 80 mil dirhams. Destacó que este enfoque contradice la Constitución, ya que priva al ciudadano de su derecho de apelación y veto, lo que aumenta la posibilidad de errores judiciales sin los medios para corregirlos.
Al-Khattar añadió que el proyecto actual permite al Ministerio Público apelar sentencias definitivas incluso fuera de los plazos legales, lo que afecta el principio de santidad y estabilidad de las sentencias. También criticó el proyecto de ley por imponer multas de hasta 10.000 dírhams a los litigantes cuyas solicitudes judiciales sean rechazadas, lo que constituye un grave obstáculo para el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Al finalizar su discurso, el abogado llamó a la necesidad de abrir un diálogo serio entre los abogados y el ministerio correspondiente, indicando que los abogados no están absolutamente en contra de las reformas, sino que exigen enmiendas que garanticen la preservación de los derechos de los litigantes y respeten la Papel del abogado en el sistema judicial. Destacó que el objetivo final es lograr justicia y garantizar los derechos de los ciudadanos, llamando a los equipos parlamentarios y a la sociedad civil a intervenir para modificar estas propuestas legales al servicio del interés público.
