Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre siguen animando el debate político en España. Los defensores de los intereses del sector pesquero dan un paso al frente y exigen que se encuentre una solución. La eurodiputada del Partido Popular y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, se hizo eco de ello recientemente. En una pregunta escrita dirigida a la Comisión Europea, pidió información sobre «el calendario establecido por la Comisión Europea para iniciar negociaciones con Marruecos, con vistas a encontrar una solución para el sector pesquero».
El exjefe del Departamento de Pesca de la Junta de Andalucía pidió al ejecutivo comunitario «tomar medidas para responder a las sentencias del TJUE», excluyendo al Sáhara de los acuerdos agrícolas y pesqueros firmados en 2019 entre el reino y la UE .
En un discurso ante la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el eurodiputado pidió a la UE que ponga en marcha el «plan B» para garantizar la protección de un sector, ya afectado por las restricciones impuestas por la CE a los profesionales, en particular en el Golfo de Cádiz. .
La pregunta escrita de Carmen Crespo va en la línea del llamamiento realizado por Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca, para la celebración de un nuevo acuerdo con el reino. “Las aguas de Marruecos han sido caladeros históricos para nosotros y para el resto de flotas europeas. Estamos hablando de Holanda, Polonia, Lituania o Alemania”, afirmó.
Como recordatorio, el Ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, aclaró el 9 de octubre que “el Reino de Marruecos no se unirá a ninguna asociación que socave su soberanía nacional y su integridad territorial. Esta decisión concierne a los países de la Unión Europea. A ellos les corresponde demostrar que están realmente comprometidos con la asociación con Marruecos y les corresponde encontrar una solución a esta decisión del TJUE porque el reino tiene líneas rojas claras e indiscutibles.
