En una nueva escalada que atestigua la tensión en la relación entre los abogados y el Ministerio de Justicia, los abogados marroquíes decidieron boicotear las audiencias penales durante dos semanas, a partir del lunes 7 de octubre de 2024. Esta decisión no se limita sólo al boicot, pero también incluye la organización de protestas semanales ante los distintos tribunales del Reino para expresar su descontento por la situación de crisis en el sector judicial.
Según se indica en un comunicado emitido por la Asociación de Colegios de Abogados de Marruecos, el boicot incluye vistas penales y palcos durante un período de dos semanas, con excepción de los casos que requieren una intervención urgente por su vinculación a plazos concretos. La asociación consideró que este paso se enmarca en «la crítica situación que vive el sector judicial en nuestro país, su impacto negativo en las condiciones laborales de los abogados y su impacto directo en el normal desempeño de sus funciones».
La Asociación de Colegios de Abogados criticó duramente lo que calificó de «indiferencia» del Gobierno ante la situación actual y su falta de búsqueda seria de soluciones adecuadas que saquen al sector de su crisis. La asociación indicó que el diálogo con el gobierno fue “trunco e improductivo”, lo que llevó a volver a la protesta como una opción inevitable, aunque adhiriéndose al camino progresista de lucha para defender y proteger la profesión.
Se espera que este boicot interrumpa y posponga un gran número de casos penales, lo que ensombrecerá el curso de la justicia y los derechos de los litigantes que esperan la sentencia de sus casos. El boicot a los fondos judiciales también afectará a los procedimientos financieros relacionados con los litigios, lo que aumentará la complejidad de los asuntos y dará lugar a la acumulación de expedientes.
Esta decisión provocó una amplia controversia en los círculos judiciales, ya que algunos de los interesados en asuntos legales expresaron su temor de que el boicot pudiera provocar una parálisis temporal en los tribunales y perturbar los intereses de los ciudadanos. Otros creyeron que las demandas de los abogados eran legítimas a la luz de las presiones que enfrentan, y enfatizaron la necesidad de abrir un diálogo serio entre los abogados y las autoridades pertinentes para alcanzar soluciones que satisfagan a todas las partes.
