Marruecos afirma no verse afectado por esta decisión, al no haber participado en ninguna fase del procedimiento judicial. «Marruecos no es parte en este asunto que concierne a la Unión Europea, por un lado, y al «polisario» apoyado por Argelia, por otro», indica un comunicado de prensa oficial.
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Rabat denuncia “errores fácticos sospechosos” y “errores jurídicos evidentes” que, según el Reino, demuestran “una ignorancia total de la realidad del caso, si no un sesgo político flagrante”. Se acusa incluso al Tribunal de “sustituir a los órganos competentes de la ONU” y de “contradecir sus posiciones”. A modo de comparación, Marruecos destaca la posición del Tribunal Superior británico que, en un caso similar, habría demostrado “más discernimiento, imparcialidad y dominio jurídico”.
Ante esta situación, Marruecos exige que la UE y sus Estados miembros «tomen las medidas necesarias para respetar sus compromisos internacionales, preservar los logros de la asociación y proporcionar al Reino la seguridad jurídica a la que tiene legítimo derecho». El Reino recuerda su papel de “socio de la UE en varias cuestiones estratégicas” y reafirma su determinación de no firmar ningún acuerdo que no respete “su integridad territorial y su unidad nacional”.
