La medida pretende introducir más rigor y transparencia en el sector inmobiliario. Pero no despierta el apoyo de los actores. Para los operadores económicos, aumenta los procedimientos administrativos y genera costes adicionales. «Tenemos compromisos con compradores que evitan plazos de transferencia excesivamente largos y con banqueros a los que no les gustan los trámites burocráticos y que nos penalizan financieramente», confiesa a Desafío un promotor inmobiliario que afirma que “este tema concierne a todos y penaliza a todos”.
Los notarios, por su parte, consideran esta medida demasiado restrictiva, aunque «siempre ha existido», como recuerda un notario, ex miembro de la cámara nacional de notarios modernos. Esta medida «siempre ha sido aplicada escrupulosamente por los notarios, bajo pena de solidaridad fiscal, es decir, que el impuesto del contribuyente se paga antes de cualquier transacción financiera», confirma, precisando que «antes de concluir una transacción, siempre nos aseguramos de la ligereza o pesadez de la expediente territorial y fiscal, porque para nosotros era importante garantizar el respeto al espíritu y la letra de la ley.
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El problema de la nueva medida, explica, es que la gestión fiscal de las transacciones inmobiliarias, que antes correspondía a un inspector de Hacienda, ahora se confía al Tesoro Público. Con poca experiencia en esta materia, los agentes del Tesoro “tardan una eternidad en responder y cuando lo hacen, muchas veces es para decir que no depende de sus habilidades o que falta tal o cual documento que, sin embargo, consta en el expediente, etc. », explica el notario, lamentando que a veces un expediente “lleva dos meses y medio, e incluso más, sin éxito”.
Para superar esta dificultad, se habría pedido a los notarios que finalizaran estos expedientes a su nivel antes de presentarlos al Tesoro, informa el notario, que ve en la aplicación de esta medida «una mascarada en la que los notarios, los operadores del sector inmobiliario luchan y ejecutivos del tesoro público en contra de su voluntad”. Deplora “la falta de inteligencia puesta en el proceso de aplicación de esta ley”, recordando que los notarios siempre han recaudado impuestos.
