Ciencia electrónica – seguimiento
El Juzgado de Primera Instancia de Faltas de Tetuán resolvió sancionar a 52 personas que participaron en los hechos migratorios masivos que tuvieron lugar en las costas de la ciudad ocupada de Ceuta el pasado 15 de septiembre. Estos acontecimientos, que provocaron un gran revuelo a nivel nacional e internacional, representaron un intento de asaltar colectivamente la valla de la ciudad ocupada y escapar por el paseo marítimo, intentos a los que la seguridad marroquí respondió eficazmente.
El tribunal juzgó a los implicados en estos hechos en grupos cuyo número oscilaba entre 8 y 20 acusados, la mitad de los cuales eran extranjeros. El órgano judicial dictó penas que van de dos a nueve meses de prisión, además de una multa de 1.000 dírhams para cada uno de ellos.
En los detalles de los fallos, el tribunal condenó a 27 acusados a siete meses de prisión, mientras que condenó a otros 20 acusados a nueve meses de prisión. Un acusado fue condenado a seis meses, dos personas fueron condenadas a tres meses, dos acusados fueron condenados a dos meses y una persona fue absuelta de los cargos que se le imputaban.
Con estas sentencias, el tribunal cierra el expediente sobre los hechos del 15 de septiembre, que centraron la atención de los medios de comunicación internacionales, debido a los intentos de una incursión masiva a través del mar hacia la Ceuta ocupada. Las autoridades marroquíes lograron frustrar estos intentos gracias a estrictas medidas de seguridad y a una estrecha coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.
Paralelamente, la División de Policía Judicial Nacional abrió una investigación sobre fotografías que circularon en plataformas de redes sociales que mostraban a jóvenes desnudos con signos de tortura en el cuerpo, sospechosas de estar vinculadas con los hechos del 15 de septiembre. Aún está en curso una investigación para verificar la autenticidad de estas imágenes y las circunstancias que las rodean, en el marco del compromiso de las autoridades marroquíes con la transparencia y el respeto de los derechos humanos.
Estas disposiciones se enmarcan en los esfuerzos actuales de Marruecos para combatir la inmigración ilegal y hacer frente a cualquier amenaza que pueda afectar a la seguridad y la estabilidad.
