El Tribunal Administrativo de Rabat ha dictado una serie de sentencias multando al grupo de Tánger con una cantidad de 5.000 millones de céntimos, tras estudiar 339 expedientes judiciales presentados por empresas, propietarios y acreedores del grupo. Estos expedientes se refieren a ataques a la propiedad privada sin seguir los procedimientos legales. además de los intereses de las deudas adeudadas por empresas y particulares, así como decisiones calificadas de aleatorias, incluida la empresa “Somagic” que desguaza los coches de los ciudadanos sin una decisión judicial.
Según un informe publicado por el periódico Al-Akhbar, algunos de los expedientes se remontan al período del Partido Justicia y Desarrollo, que asumió la gestión del grupo durante los últimos años. El Tribunal Administrativo ha emitido sus fallos durante los últimos meses y dos años. Dado que el grupo no apeló estas sentencias ni proporcionó pruebas sólidas para respaldar su posición, el tribunal obligó al grupo a implementar estas sentencias, lo que llevó al consejo colectivo a comenzar a pagar sus obligaciones legales de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Las mismas fuentes indicaron que algunas sentencias se produjeron como resultado de decisiones fortuitas perjudicadas por propietarios de inmuebles, entre ellas el expediente judicial N° 2023-7206-1212, en el que se constató que un grupo vendió la propiedad de un ciudadano y la exhibió en subasta pública, sin completar los trámites legales. procedimientos. El tribunal condenó al grupo en este caso a 42.000 dírhams.
El tribunal también emitió varias otras sentencias contra el grupo en casos relacionados con expropiación y asalto a propiedad privada sin seguir los procedimientos legales necesarios, como ocurrió en un caso en el que obligó al grupo a pagar más de 300 millones de centavos a los herederos de uno de las personas afectadas. Además, el grupo registró violaciones en la recaudación ilegal de impuestos a los ciudadanos, sin realizar una evaluación fiscal exhaustiva, lo que provocó la acumulación de deudas y un aumento de la gravedad del endeudamiento.
Entre las decisiones aleatorias que derivaron en más fallos judiciales contra el grupo estuvo la demolición de comercios en el mercado central de “Lexparta” en coordinación con las autoridades locales. Las víctimas acudieron al poder judicial administrativo, que las trató de manera justa basándose en los documentos y pruebas que aportaron.
La lista de sentencias también incluía un caso relacionado con la empresa “Somagic” encargada de gestionar el aparcamiento, que remolcaba los coches de los ciudadanos sin apoyo legal. Entre los afectados se encontraba un ciudadano cuya familia necesitaba urgentemente su coche debido a su estado de salud crítico, ya que el tribunal falló a su favor al imponerle multas económicas a cargo del grupo.
A la luz de estos acontecimientos, ha quedado claro que algunos de estos problemas se remontan al período de gobierno del grupo por el Partido Justicia y Desarrollo. A pesar del cambio de liderazgo político, las repercusiones de ese período aún ensombrecen la situación financiera y administrativa del grupo. Se espera que el grupo intente resolver estas sentencias y destinar parte del presupuesto del próximo año a cubrir las compensaciones financieras adeudadas a los afectados.
