Un individuo de origen marroquí fue detenido por agentes de la Policía Nacional española en Palma, por hechos relacionados con la trata de personas con fines de explotación laboral. Las autoridades también lo acusan de ayudar a la migración irregular y actuar como una pandilla organizada. También fueron detenidos dos de sus familiares, directivos de una empresa que contrataba trabajadores marroquíes por entre 15.000 y 22.000 euros por contrato de trabajo, para traerlos legalmente a España.
Según información de La Razón, los dos funcionarios también cobraron entre 6.000 y 8.000 euros por los contratos de trabajo, lo que permitió a 26 trabajadores regularizar su situación en el país de acogida. Debido a las deudas acumuladas, la necesidad de mantener contratos y no perder su estatus y condiciones de residencia legal en España, los nacionales se han visto obligados a aceptar condiciones abusivas que vulneran las leyes laborales.
