Los intérpretes marroquíes, que trabajan por encargo del Ministerio del Interior español, están en el punto de mira de los círculos cercanos al Polisario. Los medios y actores políticos de extrema izquierda españoles les acusan de ignorar “declaraciones de tortura y violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades marroquíes” en los testimonios de solicitantes de asilo de origen saharaui. Una “mala” traducción que, según creen, sería la causa directa de la denegación de solicitudes de asilo realizadas por personas que se presentan como “activistas del Polisario”.
“El Ministerio del Interior rechazó por segunda vez la solicitud de protección internacional de Mohamed Bachir, un joven saharaui detenido en el aeropuerto de Madrid Barajas, después de que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska le designara un traductor marroquí y que el solicitante informara que el intérprete había cambiado su testimonio”, indica El Independiente.
Sin embargo, este solicitante tiene nacionalidad mauritana y no marroquí, como miles de personas instaladas en los campamentos de Tinduf. En julio de 2024, España expulsó a Mourad Mustapha Bar, de 25 años, de nacionalidad mauritana, aunque afirmaba pertenecer al Polisario, escribió el mismo medio. Este caso fue ignorado por actores políticos de extrema izquierda mientras hacían campaña a favor de Youssef El Mahmoudi, un saharaui de nacionalidad marroquí. Una movilización concluyó con la suspensión de la orden de expulsión de El Mahmoudi del territorio español, decretada unos días antes por el Ministerio del Interior español.
Paralelamente a las acciones de algunos medios ibéricos contra los intérpretes marroquíes, diputados de la coalición de extrema izquierda Suamr, componente del Gobierno que preside Pedro Sánchez, dirigieron una pregunta escrita al ejecutivo sobre este tema. Denunciaron, en su texto, “el nombramiento por parte del Ministerio del Interior de un traductor marroquí que habla un dialecto diferente al hablado por otro refugiado saharaui”.
La semana pasada, un saharaui, cuando su solicitud fue examinada por los servicios del Ministerio del Interior español, rechazó la presencia de un intérprete marroquí.
