Para muchos marroquíes, considerar la negativa de algunos taxistas a transportar clientes como un delito o una infracción es un “paso hacia la represión criminal y el fin de la extorsión practicada por determinados taxistas y de sus comportamientos inaceptables, que a veces llegan al punto de de incautar mercancías que el cliente haya podido dejar sin querer en el taxi”. Los profesionales no están en contra de mejorar su sector. «Los profesionales no se oponen a mejorar el sector para hacerlo más fuerte, organizado y estructurado, con el fin de reprimir los comportamientos desviados adoptados por ciertos conductores», declaró a Hespress Mustapha El Kihel, secretario general de la Unión Democrática de Transportes de Marruecos, citando un vacío legal. “El sector está gobernado por dahires y realmente necesita ser liberado. Hay un vacío legal, porque en el Código de Circulación no encontramos sanciones; los encontramos más bien en decisiones prefecturales que pueden llegar hasta el embargo del vehículo si se demuestra que un conductor profesional ha cometido una infracción”, precisa.
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El Kihel no ve con buenos ojos que el sector del transporte siga estando regulado exclusivamente por el Ministerio del Interior. “La autoridad está en manos del Ministerio del Interior, que supervisa este sector. Sin embargo, sorprende que el sector del taxi quede fuera de la supervisión y competencia del Ministerio de Transportes y Logística, a diferencia de otros sectores profesionales”, se sorprende, señalando que esto produce un impacto en el sector. “El Ministerio del Interior desea controlar exclusivamente este sector, pero hay un estancamiento, porque cada ministerio dice que no puede intervenir en las competencias del otro. Necesitamos coraje para proponer una ley integral sobre el transporte”, añade El Kihel, precisando lo que realmente necesita el sector. “Actualmente las infracciones son castigadas por las autoridades competentes, y cualquier ciudadano a quien un conductor niegue el transporte tiene derecho a presentar una denuncia ante la policía, pero no es necesario transformar esto en una infracción o un delito. Lo que necesitamos es un cambio radical para mejorar el sector del taxi”, continúa. Según él, “hablar de taxis con mucho sesgo impide ver la raíz del problema, es decir, la necesidad de poner fin al caos organizativo que reina en este sector”.
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“Los profesionales no estamos en contra de lo legal, y por eso llevamos mucho tiempo pidiendo un Código de Transporte. […] En la protección de los ciudadanos también hay que tener en cuenta los intereses de los profesionales, es decir, debe haber garantías claras, porque el taxista está más bajo la autoridad administrativa que judicial, por lo que actualmente es el Ministerio del Interior quien toma encargado de las medidas disciplinarias”, añade Mustapha Chaoune, secretario general nacional de la Organización Democrática de Transporte y Logística Multimodal. Insiste en la necesidad de adoptar un nuevo Código de Transporte. “Cuando se adopte el Código de Transportes, se hará referencia a los artículos del nuevo Código Penal. Hasta que esto no se haga, la ley no puede incluir sanciones, ya que el transporte no forma parte de las competencias que el Ministerio de Justicia puede regular”. Según él, el Código, que debe desarrollar el Ministerio de Transportes y Logística, será una reforma completa de este sector, actualmente regido por leyes antiguas y obsoletas que ya no pueden responder a las emergencias de la profesión.
Chaoun también cree que el taxista no puede ser considerado responsable de todas las disfunciones en este sector. Para respaldar su punto, dice: “Habrá defensa y defensa de los conductores, pero esto no irá en detrimento del buen servicio a los ciudadanos. Se trata de conseguir que este vínculo sea más adaptado, de mejor calidad y más coherente, sin tensiones; Los conductores que se niegan a transportar clientes no representan a todo el sector, pero insistimos en la necesidad de ofrecer servicios de calidad”.
