El propietario del apartamento donde Zohra, su marido y su hijo viven desde hace diez años obtuvo del tribunal competente una orden de desalojo que pedía a la familia que abandonara el lugar a más tardar el 24 de julio. Sin embargo, el gobierno español ha emitido un decreto para suspender este tipo de desalojos y la familia de Zohra es reconocida por la administración como vulnerable y sin alternativa de vivienda. Zohra ya logró que se anulara dos veces la orden de expulsión dictada por el juez en su contra, recuerda Público.
Leer: Abdel, amenazado de expulsión con su familia en Molenbeek
El piso es un piso de dos habitaciones situado en la calle Zurita, en el céntrico barrio de Lavapiés de Madrid. Es un edificio antiguo que ha comenzado a deteriorarse. “La casa estaba en buenas condiciones en junio (cuando se mudaron), pero en diciembre era insoportable. El techo estaba lleno de moho y agua debido a las goteras”, afirma Zohra, quien precisa que pidió varias veces al propietario que buscara una solución a esta situación. Sin éxito.
Continuó: «Estuvimos varios meses sin agua caliente, nos cortaron la luz y ni siquiera nos ayudaron cuando se derrumbó el techo». Tras este último incidente que provocó heridas a su hijo de 8 años, los bomberos, así como los servicios sociales de Madrid, elaboraron informes advirtiendo del estado de deterioro del edificio. Pero el propietario sigue haciendo oídos sordos. “Todo esto, no ayudarnos, no reparar nada, es para hacernos ir…”.
Leer: Francia: un niño autista marroquí y su madre amenazados de expulsión
Zohra y su marido dicen que esta situación les afecta. Sufren de hipertensión y diabetes y temen por el futuro de sus hijos. “Los servicios sociales me dijeron que me lo iban a quitar, que nos iban a separar si no salía de esta casa y buscaba otro lugar donde vivir… Supongo que era para darme miedo, para presionarme a mí misma”, confiesa.
“Él lo que quiere (el propietario) es desalojarnos para reformarlo y subir los precios del alquiler. En este mismo barrio tiene casas vacías y no nos las quiere alquilar. Nos lo dijo muy claro: quiere obligar a todas las familias marroquíes a marcharse. Mis vecinos también. Tienen mucho miedo”, añade Zohra, que lleva meses intentando encontrar un alojamiento por valor de 900 euros en Madrid. Sin éxito. Todas las medidas adoptadas para obtener una vivienda social también resultaron en vano.
