El consejo de gobierno adoptó, el jueves 10 de octubre de 2024, una nueva versión del proyecto de decreto 2.23.101 relativo a la organización y mantenimiento del registro de poderes, en particular los relativos a derechos reales, incluidos los terrenos. El proyecto está en línea con la estrategia de la comisión encargada de vigilar la cuestión del expolio de bienes inmuebles y tierras.
En su edición del lunes 14 de octubre, el diario L'Économiste informa que el registro de mandatos electrónicos “se llevará por los registros de los tribunales de primera instancia”, con un componente cronológico y otro analítico. El primero “incluirá los datos de las solicitudes de inscripción según su fecha de presentación” ante el tribunal, cuyo código permitirá la inscripción en el registro de mandatos relativos a derechos reales.
Además, el medio informa que este proyecto de decreto “también fija los términos y condiciones para la expedición de copias, extractos y certificados del registro nacional, según los modelos que fije la administración mediante orden que será publicada en el Boletín Oficial”.
En este sentido, el Ministerio de Justicia pondrá en marcha “una guía, en particular, sobre las modalidades de acceso a la plataforma electrónica”, en particular la búsqueda de información sobre poderes, “teniendo en cuenta las disposiciones de las leyes sobre la materia de protección de datos personales”.
